Resolverán sobre pedido de nulidad de suspensión de juicio a prueba
En una audiencia realizada en sala de oficina judicial ubicada en tercer piso de los tribunales en Trelew, la Municipalidad de Gaiman efectuó la solicitud para que se determine la nulidad de la suspensión de juicio a prueba en la causa de certificaciones truchas para licencias de conducir, instituto previsto en el código procesal penal y que había sido resuelta el 4 de mayo de este año, tras el proceso correspondiente.
Sin embargo, el Juez convocó a las partes debido a un pedido de la Municipalidad de Gaiman a través de su intendente Darío James, presente en este evento, y así tuvo posibilidad de expresar su disidencia mediante el representante legal Víctor Bezurnatea. El abogado manifestó que se presentaban como querellantes ya que esa instancia estaba precluida y puso énfasis en la afectación de la fé pública, ya que no se trataba de un delito común y corriente, cuestionando el dictamen del Ministerio Público Fiscal que debe defender los intereses de la ciudadanía. Calificó el acuerdo como de nulidad absoluta ya que no se citó al municipio como víctima para informar, cuestión que mencionó como obligatoria y resaltó la arbitrariedad del dictamen. Dijo que si esta cuestión es declarada nula se estaría volviendo a realizar una audiencia preliminar, pero además puso objeciones al cambio de calificación que padeció la causa, ya que entiende no de la modalidad delito continuado, sino que son 385 hechos autónomos de falsedad ideológica, que no es asimilable a usurpación de título. También puso objeciones a la reparación económica y hasta dejó trascender que algunos comentarios de oyentes en una radio sugirieron la posibilidad de parentesco entre Diego Soto Payva y los directivos del centro geriátrico Pedro Déttori.
A su turno, el fiscal general jefe Omar Rodríguez que estuvo acompañado por la funcionaria de fiscalía Florencia Pallucchini, expresó que esta presentación no tiene legitimidad recursiva pero a su vez celebró que se celebre y aprovechó para enfatizar que el intendente James habló por radio tratando de vagos y displicentes a fiscales, además de sugerir acuerdos que se realizarían entre jueces, defensores y los propios fiscales por fuera de los pasos legales, lo que rechazó en forma drástica y terminante. Aseguró que desde el punto de vista penal se debe analizar la tipicidad y puso de manifiesto la forma en que se determinó este delito en particular, poniendo como ejemplo entrevistas donde los presuntamente perjudicados aseguraban que finalmente el carnet les era concedido por la dirección de tránsito municipal: se hicieron mas de cien entrevistas en un gimnasio municipal, y ninguno de los cientos de casos se presentó a reclamar cualquier irregularidad. Además agregó que se evidencia en los dichos del municipio que al final todo es cuestión de plata porque dice que el monto que debe asumir Soto Payva es irrisorio y se destina a una institución de bien público, de la cuál hasta intentan vincular con ciertas sospechas de parentescos que no existen.
Remarcó el doctor Rodríguez que acá no se realizó ningún acuerdo, sino que hubo un dictamen de la fiscalía respecto a la posibilidad de juicio a prueba por lo que se cumplían los requisitos a tal fin, y que sire para evitar encarcelar personas en determinada franja del delito, por lo que se efectúa un desagravio frente al daño ya que existen modos de reparación y el Juez lo dispone si evalúa que es razonable. Dejó constancia que si se siente perjudicado económicamente se tiene todas las instancias civiles y administrativas para solicitar lo que considere necesario, aunque en este caso la municipalidad no perdió plata. Se probaron 157 hechos de los cuales solo 24 son del municipio guaimense, por lo que el porcentaje de acuerdo al resarcimiento era mucho menor. Expuso que la municipalidad de Gaiman no resulta víctima ya que no encarna la fé pública, ya que ésta es la confianza de la sociedad respecto a las formalidades de ciertos actos y documentos que circulan en circuitos jurídicos y lo que se perjudica es esa confianza. Los fundamentos que han dado no tienen nada que ver con una cuestión penal, ya que se califican como parte de otro fuero o de carácter administrativo, por lo que finalmente el fiscal general jefe pidió confirmar la resolución de suspensión de juicio a prueba y rechazó de manera enfática lo argumentado por el intendente.
Para el defensor Fabián Gabalachis no había necesidad de realizar esta audiencia ya que todo se solucionaba con un decreto de rechazo a la solicitud que era lo que correspondía, pero así y todo no deja de ser sano para aclarar lo que se dirime habitualmente en las audiencias públicas. Puso de ejemplo práctico que el propio abogado legal del municipio reconoce que no tiene posibilidad alguna de ser querellante en el proceso y la acusación fiscal ya ha sido cerrada.
También se le dio la palabra a Mónica Soto, la directora del centro geriátrico Pedro Déttori, que refutó cualquier tipo de vínculo o parentesco con Diego Soto Payva, y solo hay un antecedente de su madre siendo directora en 1970, habiendo dejado su cargo en 1990. Finalmente habló brevemente el intendente Darío James que solo manifestó haber detectado una anomalía a través de un funcionario de tránsito e hizo la denuncia que es lo que debía hacer.
El Juez Fabio Monti aseguró haber dado lugar a la posibilidad que se exprese la Municipalidad de Gaiman para ser escuchados por las partes y comunicó que la próxima semana dará a conocer la resolución definitiva.