La causa penal por presuntas irregularidades en la contratación de empresas
Contratos para la reparación de escuelas como derivación un escape de monóxido de carbono en una escuela de la localidad de El Maitén, tuvo un nuevo retraso en la mañana de este miércoles durante la audiencia preliminar cuando uno de los defensores planteó la incompetencia de la justicia provincial ya que los fondos utilizados para las obras fueron enviados por la Nación y por ello, la necesidad de que intervenga la Justicia Federal.
La jueza de garantías Karina Breckle resolvió darle un plazo de 20 días hábiles a los acusadores del Ministerio Público Fiscal para que reconsidere la “incompetencia parcial” solicitada por el defensor de uno de los imputados, el abogado penalista Romano Cominetti.
Cominetti defiende a Maximiliano Garcia, un ex funcionario del Ministerio de Educación al momento de los hechos investigados. No obstante la resolución del magistrado de suspender la audiencia para otorgarle ese tiempo al fiscal Omar Rodríguez, consideró el planteo de Cominetti como “sorpresivo” teniendo en cuenta que el proceso fue abierto hace ya dos años.
Por otro lado, quedó desestimado como querellante el titular de la Oficina Anticorrupción de la Provincia, el abogado Diego Carmona que fue notificado de la realización de esta audiencia preliminar el pasado 12 de diciembre y no dio explicación alguna sobre su ausencia, no obstante que se le dio un plazo de casi media hora para que se presente en la Oficina Judicial de Rawson.
La causa tiene como imputados a dos particulares de empresas constructoras y a siete ex funcionarios públicos provinciales, algunos sin relación actual con el Estado.
La falla en la calefacción de la Escuela 93 de El Maitén, que provocó una intoxicación por monóxido de carbono y puso en riesgo a alumnos y personal docente, fue el punto inicial de la investigación penal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública ante una posible maniobra de direccionamiento de obras públicas en establecimientos educativos de la cordillera de Chubut.
La investigación, impulsada por la Unidad Anticorrupción, alcanza a los contratistas Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León, junto a siete exfuncionarios de los ministerios de Educación e Infraestructura. Los funcionarios investigados al momento de los hechos son Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocio Preciado y Maximiliano García.
Se les atribuyen los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El perjuicio estimado ronda los 20 millones de pesos.
Según la acusación expuesta en la audiencia de apertura de investigación realizada en Rawson, se habría montado un sistema para simular compulsas de precios que aparentaban legalidad. Detrás de esos procedimientos, sostiene el fiscal, existían acuerdos previos para definir qué contratista resultaría adjudicado.