La disposición judicial fue adoptada por el juez Sebastián Casanello
consideró que existieron “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y concluyó que el exmandatario benefició al broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria, María Cantero.
Los negocios del bróker también involucraban a su esposa, María Cantero, quien fue designada como secretaria privada del expresidente cuando asumió la conducción del Ejecutivo.
De acuerdo con la resolución judicial, Fernández participó activamente del “plan de expansión de los negocios” del grupo Martínez Sosa con el Estado, un crecimiento que quedó reflejado en los montos percibidos.
Durante la presidencia de Fernández, Martínez Sosa obtuvo comisiones por un total de 2.252 millones de pesos, cifra que representó cerca del 60% del total abonado por Nación Seguros a intermediarios. En comparación, la segunda firma en el ranking, encabezada por el bróker Pablo Torres García, recibió apenas el 17%.
Casanello ordenó también un embargo por $14.634.220.283,68 sobre los bienes del expresidente. En la misma resolución, procesó a otras 33 personas, entre ellas Cantero —por “negociaciones incompatibles” y “incumplimiento de los deberes de funcionaria”—, Martínez Sosa —como partícipe necesario— y el expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por los delitos de administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
Según la investigación, la causa incluye también delitos como lavado de activos y cohecho. Se sospecha que el exfuncionario de Nación Seguros, Mauro Tanos, junto con su esposa, habría recibido sobornos de aseguradoras a través de cooperativas.
Tanos ocupaba la Gerencia del Área Sector Público Nacional de Nación Seguros durante el mandato de Fernández. Posteriormente, fue ascendido a gerente general por la actual gestión de Javier Milei, pero fue cesado en sus funciones luego de que los investigadores comenzaran a reunir pruebas en su contra.
El papel de Alberto Fernández en la causa Seguros
Casanello sostuvo que el sistema de contratación de seguros en el Estado operaba en dos planos: uno público y otro privado. En el ámbito formal, Fernández emitió el decreto 823/2021, que obligaba a todas las entidades públicas a contratar con Nación Seguros, “de modo de priorizar los fines públicos al afán de lucro”. Sin embargo, paralelamente, el juez afirma que se promovían negocios particulares con el entorno presidencial “en desmedro de aquella racionalización”.
Según la resolución, el expresidente “tenía un rol clave” en ese circuito paralelo. “Empoderando a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”. Parte de esa estrategia incluía mostrarse en fotografías con Martínez Sosa, lo que se convirtió en “un activo” que permitía al empresario “documentar el vínculo” y utilizarlo para cerrar negocios.
El juez sostuvo que, en algunos casos, Fernández no se limitó a respaldar con gestos simbólicos, sino que intervino personalmente a pedido de Cantero o Martínez Sosa, encargándose de “remover los obstáculos que pudieran aparecer”.