El gobierno nacional puso en marcha un operativo para repartir en las 35 cárceles federales 14.000 tarjetas de teléfono para que usen los detenidos.
Como consecuencia de las medidas de restricción impuestas ante el avance de la epidemia del coronavirus, quienes están presos ya no pueden recibir visitas. El objetivo del Gobierno es posibilitarles, de todos modos, la comunicación con el mundo exterior y evitar así que crezca la violencia en los penales del sistema federal. Los motines de Santa Fe encendieron las alertas.
El operativo de reparto de las tarjetas todavía no terminó. «Está avanzado, pero falta llegar a algunos penales del Sur del país», informó una fuente oficial. Para optimizar viajes, el Gobierno subió las tarjetas a los camiones destinados a llevar a las cárceles productos de limpieza, como lavanda y alcohol.