El Gobierno provincial citó a las empresas, gremios y legisladores sobre el filo de la promulgación automática de la ley. Arcioni podría vetarla total o parcialmente, o acordar una reglamentación. En el encuentro anunciaría una salida política. La flota amarilla evaluaba presentar un amparo.

Tal como lo publica la revista Puerto, especializada en la temática;la ley sancionada el pasado 17 de abril, por unanimidad, quedaría promulgada automáticamente por estas horas, tal lo establece la Constitución Provincial, sobre los plazos de entrada en vigencia de las normas.

    El rechazo que expresaron las cámaras y gremios obligó al gobierno a llamar a las partes y a un grupo de legisladores para analizar una salida política que no represente tensión social. Ayer, sectores sindicales más radicalizados amenazaban desde las gradas de la Legislatura ir a realizar escraches a los domicilios de los diputados.

Idas y vueltas
La administración de Mariano Arcioni evitó pronunciarse públicamente desde el 17 de abril hasta ahora sobre qué postura tenía sobre la norma que creó el Fondo Ambiental Provincial (FAP), que contó con el voto de toda la bancada oficialista, y el resto de las bancadas.

Incluso, la semana pasada, desde el Ministerio de Ambiente y Control Sustentable –que sería la autoridad de aplicación- habían comenzado a elaborar un borrador de reglamentación de la ley para exceptuar del impacto del arancel a las plantas de procesamiento que hubieran realizado inversiones para tratar el pasivo ambiental que genera la actividad. Pero el fin de semana, Arcioni resolvió desplazar al ministro del área, Ignacio Agulleiro, por otro tema, luego que trascendiera que el funcionario participó de la elaboración de un proyecto de ley que pretende prohibir la minería en Chubut. Es decir, inicialmente, el gobierno provincial planeaba dejar correr los plazos y que la ley sea promulgada y entrara en vigencia.

Tras escuchar hoy a los sectores involucrados, Arcioni deberá resolver si produce un veto total, parcial o acuerda un esquema de reglamentación.

Nota: Revista Puerto