El juez de Familia de Rawson, Martín Alessi, le ordenó al Gobierno provincial que cuenta con 5 días para que pague al Instituto de Seguridad Social y Seguros y así restablecer para las prestaciones médicas y los empleados vuelvan a gozar del servicio.
La medida cautelar presentada por Alessi, cuenta con el amparo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, donde señala que es regla básica que las prestaciones no se pueden tocar. “La protección que dispensa la Constitución local y la ley a los recursos que integran el fondo de financiamiento de la obra social impone un notable límite a la discrecionalidad del Estado Provincial, ya que ese gasto público no puede ser destinado a fines distintos (…) El Estado Provincial debe ingresar al Instituto las sumas adeudadas en concepto de aportes y contribuciones, en lugar de confiscarlas como sucede desde hace años. Con los recursos del sistema de seguridad social la Constitución no tolera ningún desdoblamiento”, señala el recurso.
Además, teniendo en cuenta el déficit en el que es encuentra el instituto, Alessi señaló que es necesario incluir a gobierno para que regularice la situación.
Ante la “vulneración masiva” al derecho de los afiliados y pese a que reconoció el esfuerzo del gobierno provincial para una solución, el juez dispuso de oficio un plazo de cinco días para que Provincia le pague a Seros y así evitar “que se produzca o continúe el daño”.
La presentación es una “acción colectiva o de clase” ya que representa a unos 115 mil afiliados y litiga en defensa de los intereses de ese grupo. No es necesario que cada afectado vaya a juicio.
“Las ventajas de este tipo de procesos son innegables: la sentencia tiene un alcance general para todas las personas comprendidas en el grupo, evitándose resoluciones contradictorias y la multiplicidad de juicios por la misma causa”,indicó.
Por este motivo y para mantener la neutralidad el juez Alessi señaló que “La clase quedará constituida por la totalidad de los afiliados, menos quien suscribe”, dijo en referencia a su persona.